Yván Yauri - 07 de noviembre del 2020.
Casi 100.000 muertos por Covid-19. Las peores tasas de contagio y mortalidad del mundo. Son las cifras agregadas a la cuenta histórica que el Estado Capitalista peruano mantiene con el pueblo trabajador.
Promulgado el Estado de Emergencia en marzo, el gobierno deviene virtualmente una coalición entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas. Este acuerdo aseguraba el control efectivo del territorio y la población, previniendo cualquier eventual respuesta popular a la política establecida. Meses después el cargo mismo de Primer Ministro correspondió al General del Ejército que ocupaba el Ministerio de Defensa.
Una cuarenta de hambre fue decretada durante tres meses y medio, recluyendo en abandono a gigantescas masas pauperizadas, hundiéndolas en la miseria y extendiendo la pobreza hacia las capas medias. En franca parálisis, el Estado peruano fue sostenido económicamente por la clase obrera minera, energética, agrícola, alimentaria, de salud, de limpieza y otras que arriesgaron la vida cada día laborando bajo la pandemia.
En esas condiciones el confinamiento fue tolerado hasta mediados de mayo. La indigencia se tornó insoportable y el pueblo recurrió desesperado a toda actividad de supervivencia. Desamparado a su suerte, afrontó la plaga de la inanición a riesgo del virus mortal. No hubo subsidios universales permanentes por alimentación y demás gastos, ni créditos masivos de emergencia. Solo un par de bonos de S/. 760 -en ocho meses- a modo de limosna, recibidos por una parte de la población muy tarde, mal o nunca.
Los lugares de aglomeración como los mercados fueron olvidados por la política sanitaria, los domicilios quedaron sin monitoreo médico y sus habitantes sin medicinas u oxígeno. El país en general sin medidas de vigilancia, rastreo y evacuación para la enfermedad, sin pruebas moleculares masivas, sin ningún protagonismo popular para enfrentarla. Los hospitales y postas se derrumbaron ante una avalancha de infectados y la salud pública se expuso como el emblema de un Estado históricamente colapsado. La catástrofe sanitaria no fue sino otro nudo en una soga que incluye al empleo y al salario, la educación, la vivienda, la alimentación, el transporte y demás necesidades cruciales, graficando el deplorable nivel de vida padecido durante doscientos años.
La cuarentena finalizó oficialmente el 30 de junio. Y en seguida empezó la reapertura empresarial diseñada para sacrificar las vidas proletarias en el altar de las ganancias capitalistas. Con el transcurrir de las semanas, pese a las tenaces cifras engañosas del gobierno, los trágicos índices reales revelaron la devastación: dejaban en evidencia no solo una funesta política elitista, sino un verdadero genocidio en el Perú. Otro auténtico virus fue siempre la clase dominante al interior de la sociedad.
Masacre, sin embargo, también había representado la política económica. Millones de puestos de trabajo se perdieron, sobre todo en la micro y la pequeña empresa, en frente del desdén gubernativo. El desempleo ascendió oficialmente a 7 millones de personas mientras campeaban la mutilación de salarios y la “suspensión perfecta”, mecanismo de despido en boga. Ya desde los días iniciales Vizcarra financió con dinero público el 35% de las planillas más bajas de la gran empresa y destinó más de S/. 30.000 millones del Banco Central de Reserva a garantizar sus dividendos mediante el programa Reactiva Perú. Al mismo tiempo, cuándo no, permanecieron intocadas las planillas doradas del aparato estatal, por ejemplo los S/. 42.000 mensuales del propio Velarde, Presidente del BCR. En coherencia, el gobierno obtuvo rápidamente un préstamo de $ 11.000 millones del Fondo Monetario Internacional, redoblando así el sometimiento a los imperialismos del mundo.
Durante años Vizcarra ha continuado atacando porfiadamente los derechos laborales tal como lo hiciera su inmediato superior Kuczynski. Facilitó los ceses colectivos y despidos a punta de decretos de urgencia. Los derechos de huelga, vacaciones, estabilidad laboral o inspecciones de trabajo fueron vulnerados. Había ofrecido elevar el sueldo mínimo en el primer trimestre del 2020, pero esta mentira se añadió a su bagaje. Hace mucho que el sueldo mínimo (S/. 930) ha sido convertido en ridículo por el costo de vida. De hecho hoy en día un nuevo sueldo mínimo es inaceptable por debajo de S/. 2.300, el monto de subsidio que debió masificarse durante la cuarentena.
En paralelo, políticos, empresarios y jueces de la clase opresora continuaban exhibiendo el entramado de corrupción endémica que caracteriza a su Estado. Vizcarra mismo ha resultado descubierto en un reciente tráfico de influencias y obstrucción, peor todavía, en anteriores casos de cohecho pasivo, colusión agravada y asociación ilícita, como tantos Gobernadores. Por otro lado, al igual que las administraciones precedentes, tampoco se ha privado de la represión sangrienta: ahí están los tres comuneros de Requena, Loreto, asesinados por la policía el 8 de agosto mientras luchaban contra la petrolera canadiense Petrotal.
Toda la tragedia nacional reseñada encarna aquello que los portavoces de la burguesía llaman persistentemente “progreso” y “desarrollo” en sus declaraciones públicas. Contrariamente, ¿qué gobierno o partido plutocrático, como parte de su frenesí político antipopular, no ha sido enfangado por la revelación de corruptelas en cada período presidencial durante décadas?
La descomposición de su círculo mafioso cierra una larga trayectoria que Vizcarra inició nada menos que en el Apra, un paradigma de mafia política en nuestra historia. Pero hagamos algo de recuento amplio más cercano. A su tiempo, Kuczynski y Acuña habían socorrido con sus bribones a Keiko Fujimori en una segunda vuelta. Esto mientras Castañeda abandonaba la pandilla de Lourdes Flores priorizando su mafia personal, aliado al traficante José Vega. A continuación Vizcarra se pliega a PPK y Luna Gálvez prescinde de Castañeda para consolidar su mafia particular. Acto seguido Keiko y PPK negocian la repartija de las suyas. Más allá Vizcarra pacta con Fujimori sus primeros meses de gestión, para luego, enemistados, Vizcarra sobrevivir con fragilidad. Finalmente, un nuevo legislativo coloca a Luna Gálvez, Acuña y José Vega acechando mediante sus propios secuaces. Para muestra todos esos botones.
La actual mayoría congresal proviene de unas elecciones con ausentismo de casi 26%, un escaso 8.3% de votos emitidos para el partido más elegido (Acción Popular) y solo un 4.9% para el menos votado (Somos Perú). Como resultado se constituyó un bloque entre Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Podemos Perú para la Mesa Directiva, mientras UPP de Vega y Antauro Humala entraba en vinculación con PP de Luna Gálvez. En esas condiciones, el Congreso alternativo al del fujimorismo solo podía expresar los intereses plutocráticos de Raúl Diez Canseco, César Acuña y hermanos, Keiko Fujimori, Luna Gálvez, Ataucusi Molina, los financistas de Julio Guzmán… y el militarismo ultraderechista de Antauro Humala, José Vega y Urresti. El pueblo estaba advertido.
Un Presidente que conserva lo salvado de su votación vicepresidencial de cuatro años y cinco meses atrás; un Congreso en que todos los partidos perdieron las últimas elecciones: el 26 de enero un 17.1% de votos emitidos fueron nulos y un 2.4% blancos = 19.5%, pero ya el 2016 los votos nulos/blancos también habían ganado sin paliativos las congresales: 22.2% + 12.8% = 35%.
Situada frente a la clase explotadora y su Estado, la Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP debió haber sido, desde su creación, la gran herramienta del proletariado para forjar su poder y así alcanzar su gobierno. Entre 2018 y 2019 ha cumplido 90 años de fundación y 50 de reconstitución. Dos hitos históricos que conquistaron la unidad por la que bregaron generaciones de trabajadores combativos. No obstante, en más de medio siglo, la dominación oportunista de una burocracia atrofió a la Central, la postró ante la burguesía y provocó su derrota una y otra vez. Dedicada a la auto-justificación, esta capa subsiste convocando dos tardes de marchas en un año entero y es con frecuencia sobrepasada por resueltas movilizaciones de sectores sindicales o populares.
La CGTP forma parte de organismos antagónicos como el Acuerdo Nacional y el Consejo Nacional del Trabajo. En ellos la casta burocrática participa para “consensuar” la política del enemigo. Un año atrás Vizcarra anunció, solemne, redoblar la "promoción de la inversión privada" y ejecutar el Plan de Competitividad que aspira a regir 11 años. Se trató de una verdadera ofensiva elaborada junto a la Confiep, que reimpulsa las concesiones al gran capital y a las transnacionales, especialmente forestales, acuícolas y turísticas, mientras embiste de lleno los derechos laborales del proletariado. Al anunciarse en Palacio, la más alta dirigencia de la CGTP atendía con placidez entre los invitados. No por azar esta conducta ya había cosechado anteriormente el agradecimiento explícito del gobierno, recibiendo Mario Huamán y Juan José Gorriti la Orden del Trabajo.
Ante la circunstancia de la cuarentena, esta dirigencia optó únicamente por requerir un bono universal de 1000 soles. En pocas palabras manifestó su acuerdo con establecer un infame sueldo mínimo de 1000 soles, 70 soles superior al actual. En concordancia solicitó a Vizcarra no olvidar la propuesta presidencial de “Pacto Social”, es decir el pacto siempre vigente con los grandes empresarios.
La dirección de la Confederación, adscrita al PCP y a Patria Roja, renunció en los hechos a combatir contra los gobiernos capitalistas desde el 2011, tal como rechazó derribar a cada nuevo gobierno durante décadas. Ha impulsado y sostenido a Vizcarra en la línea de su apoyo a Kuczynski, Humala y Toledo: bajo su dictamen los trabajadores aceptaron otorgarles el voto, lo que ya había ocurrido con el candidato Fujimori hace treinta años. Esta dirección sostuvo al Apra hacia mediados de los 80s y hasta proyectó una candidatura conjunta Apra-Izquierda en los 90s. El servilismo de la cúpula sindical siempre ha llevado el sello de la traición.
Tanto peor cuando se considera la cuestión del Estado y su naturaleza de clase. No existe posibilidad alguna de acabar con la burguesía sin construir el poder de todos los trabajadores urbanos y rurales. Pero dada su cooptación por el régimen opresor, dicha cúpula lo boicotea por principio. Toda nuestra experiencia histórica vuelve imperativo organizar asambleas populares integradas a una Asamblea Popular Nacional como organismo superior. La costra burocrática, en cambio, ha suplantado este objetivo por un montaje autoproclamatorio donde ella misma y sus congéneres de la pequeña burguesía se dan a denominar “Asamblea Nacional de los Pueblos”.
El PCP y Patria Roja, supérstites del reformismo estalinista socialdemocratizado, componen con movimientos pequeñoburgueses el partido Juntos por el Perú, creación capitalista neoliberal de Yehude Simon, notorio corrupto y criminal Premier aprista de la matanza de Bagua (2009). Mediante la carnaza de su inscripción legal, Simon recogió el seudo-comunismo poco antes nacionalista y también Nuevo Perú de Verónika Mendoza, otro gajo liberal ducho en el auxilio a Humala, PPK y Vizcarra. Perú Libre porta en su espalda dos gobiernos regionales neoliberales, mercenarización hacia el opulento Belmont, machismo, xenofobia, homofobia. Eximios Gobernadores condenados por corrupción como Gregorio Santos o Vladimir Cerrón reflejan la descomposición política y moral de una izquierda claramente inadmisible al pretender este calificativo. El Frente Amplio de Marco Arana comparte con Cerrón y Mendoza igual programa liberal y origen pequeñoburgués. Su democratismo no le impide defender la seudo-democracia y el Estado que controla la Confiep.
Liberalismo anti-marxista, demagogia y electoralismo, cristalización de un reaccionario humalismo reciclado. La falacia de la “nueva República” producto de una “nueva Constitución” capitalista le brinda su coartada circunstancial.
Dentro de cinco meses, dos docenas de candidaturas hostiles convertirán las elecciones en mayor trampa, si cabe, peor estafa que nunca. En la obligatoriedad de definir qué argollas de la clase dominante emiten normas, decretos o leyes antipopulares, el voto nulo –clasista y receloso del mecanismo electoral vigente- ha demostrado su eficacia principista, confrontando una legislación que impide al pueblo trabajador elegir a sus genuinos representantes. Para el movimiento de masas, ganar el derecho efectivo de sus organizaciones a la inscripción, es una necesidad evidente.
Aniversario de la Revolución Socialista Soviética: continuar la brega por un partido revolucionario del proletariado capaz de dirigir la demolición del Estado Capitalista, levantando un verdadero Estado de los Trabajadores. Asamblea Popular Nacional para constituir un poder revolucionario. Fuera Vizcarra. Fuera el Congreso. Fuera el Poder Judicial. Por un Gobierno Obrero, Campesino y Popular.
(De "Contra el Estado Capitalista en el Perú" - Lima, diciembre 2020)
