Gobierno caviar/burgués

La gran farsa del cambio de 'modelo'. Cinco meses de un nuevo Presidente y Ministros neoliberales. El gobierno que se comprometió a cumplir fielmente la Constitución fujimorista y se negó a aumentar el sueldo mínimo ha mantenido un BCR ultra-neoliberal, colocado un Secretario Presidencial del partido de Acuña, decretado el posible control de Lima por las FFAA y mentido sobre la reducción del sueldo de Castillo a la mitad. 

APP y Acción Popular fueron los primeros partidos burgueses en sostener al gobierno. Tras ellos han llegado Somos Perú, Podemos y Partido Morado. Castillo ya no solo ejecuta una política neoliberal, sino co-gobierna codo a codo con media clase dominante. El mes pasado les reiteró su sincera identificación a los capitalistas en Cade Ejecutivos 2021, mediante algunos cínicos embustes acerca del Capitalismo: "Vuelvo a ratificar, los empresarios tienen todas las garantías para invertir en el Perú. Por eso hago un llamado a los buenos empresarios, que estoy seguro son la mayoría...", "Una auténtica economía social de mercado es aquella que promueve y protege los intereses de las mayorías, fomenta la libre competencia y no tolera el aprovechamiento de la ley para beneficio propio." No fueron declaraciones de Fujimori, Toledo, Alan García, Humala, PPK, Vizcarra o Sagasti, fueron de Pedro Castillo. No olvidemos que ya el año 2015, esta “izquierda” que gobierna, los partidos hoy conocidos como Nuevo Perú, Juntos por el Perú, Frente Amplio y Perú Libre suscribieron unos Acuerdos textualmente a favor de la economía de mercado, de los inversionistas e industriales, lo cual revelaba la auténtica naturaleza ideológica de una alianza entre el liberalismo pequeño burgués y una socialdemocracia de filiación estalinista. 

A principios de mes, la premier Mirtha Vásquez apadrinó el XV Congreso de la CGTP, junto al Secretario General Gerónimo López, dirigente del PCP, y la sindicalista belga Yolanda Lamas, nexo con la "cooperación" económica de ese estado imperialista hacia la dirigencia sindical durante más de diez años. "Reactivación económica", "CGTP interlocutora válida entre empleadores y sociedad", "diálogo", "gobernabilidad", todo el lenguaje de López reflejó el rol clave de colaboración con la burguesía que cumple en el movimiento obrero la burocracia oportunista, máxima boicoteadora de las luchas que continuamente surgen en cualquier punto del país sin sujetarse a su control. Quienes candidatearon, hicieron campaña y/o apoyaron a Humala, PPK, Vizcarra y Sagasti, no pierden la costumbre de rechazar el "modelo capitalista salvaje" o "modelo neoliberal" (no el Capitalismo como sistema), al mismo tiempo que integran partidos, alianzas y gobiernos justamente neoliberales. Si el gobierno de Castillo, estrictamente fiel al imperialismo, las transnacionales y el gran capital es calificado de "Gobierno del Pueblo" por la burocracia seudo-izquierdista, entonces está claro cuál será el contenido de la "nueva Constitución" que tanto prometen a los trabajadores. Para defenderse y avanzar, el movimiento de masas está obligado a luchar por la ruptura de la CGTP con el actual gobierno capitalista, hacia la conquista de reivindicaciones históricas. 

Padecemos otro gobierno antipopular, en este caso uno neoliberal caviar de bloque con un sector de la burguesía. La seudo-izquierda ha concretizado su objetivo del último período, el proletariado ha sido una vez más víctima de la estafa pero también de las vanas ilusiones en la imposible democratización capitalista. La consciencia de los explotados continuará creciendo al ritmo de sus luchas autoorganizadas y combativas: desde hace dos meses los Paros Indefinidos del Sur de Ayacucho y Huarmey (Áncash), los bloqueos de Cotabambas (Apurímac) y Chumbivilcas, contra las mineras, señalan el camino para ir forjando un nuevo poder, por un Gobierno Obrero, Campesino y Popular.

 

Internacional Comunista - "Tesis sobre el Frente Único" (18.12.1921)

Hace cien años el Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista aprobó sus "Tesis sobre el Frente Único" que fueron desarrolladas como "Tesis sobre la unidad del frente proletario" por el Cuarto Congreso de la Internacional Comunista (noviembre de 1922). En el Perú fue Mariátegui quien defendió esta línea de la IC, desde la publicación de su artículo "El 1 de mayo y el Frente Único" en 1924. Aquí algunos extractos de aquellas tesis del Cuarto Congreso: 

“La crisis mundial se agudiza. La desocupación aumenta. En casi todos los países el capital internacional desencadenó contra la clase obrera una ofensiva sistemática, cuyo objetivo confeso es ante todo reducir los salarios y envilecer las condiciones de existencia de los trabajadores.” (...)

“Por otra parte, la ofensiva capitalista suscitó en las masas obreras una tendencia espontánea a la unidad que nada podrá contener y que se da simultáneamente con un aumento de la confianza de que gozan los comunistas por parte del proletariado.” (...)

“Indudablemente sus aspiraciones no siempre están claramente formuladas, pero es evidente que tienden imperiosamente a la creación de un frente proletario único, a la formación por parte de los partidos de la II Internacional y los sindicatos de Ámsterdam, aliados a los comunistas, de un poderoso bloque contra el cual vendría a estrellarse la ofensiva patronal.” (...)

“Luego de asegurarse una total libertad de propaganda, los partidos comunistas en todos los países se esfuerzan actualmente por realizar una unidad tan completa como sea posible de las masas obreras en el terreno de la acción práctica. Los dirigentes de Ámsterdam y de la II Internacional también predican la unidad, pero todos sus actos son la negación de sus palabras.” (...)

“Mientras entre los trabajadores que recién acceden a una vida política consciente y aún no poseen experiencia, la consigna del frente único es la expresión sincera del deseo de oponer a la ofensiva patronal todas las fuerzas de la clase obrera, esa consigna solo es, por parte de los líderes reformistas, una nueva tentativa de engañar a los obreros para conducirlos por el camino de la colaboración de clases. La inminencia de una nueva guerra imperialista, la carrera armamentista, los nuevos tratados secretos de las potencias imperialistas, no solamente no decidirán a los dirigentes de la II Internacional, de la Internacional II y ½ y de la Internacional de Ámsterdam a dar la voz de alarma y colaborar efectivamente en la tarea de lograr la unidad internacional de la clase obrera, sino que suscitarán infaliblemente entre ellos las mismas disensiones que en el seno de la burguesía internacional. Ese es un hecho inevitable, dado que la solidaridad de los “socialistas” reformistas con “sus” burguesías nacionales respectivas constituye la piedra angular del reformismo.” (...)

“Considerando lo ya dicho, el Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista estima que la consigna del Tercer Congreso de la Internacional Comunista: ¡A las masas!, así como los intereses generales del movimiento comunista exigen que la Internacional Comunista y sus secciones apoyen la consigna de la unidad del frente proletario y encaren su realización.” (...)

“Los comunistas deben esforzarse a cualquier precio por penetrar en lo más profundo de las masas trabajadoras con la consigna de la unidad del frente proletario contra la burguesía” (...)

“Mientras preconizan la unidad de todas las organizaciones obreras en cada acción práctica contra el frente capitalista, los comunistas no pueden renunciar a la propaganda de sus ideas, que constituye la lógica expresión de los intereses del conjunto de la clase obrera.”  (...)

“En consecuencia, la tarea precisa de la Internacional Comunista y de sus secciones será la de revelar a las masas la hipocresía de los dirigentes obreros que prefieren la unión con la burguesía a la unidad de los trabajadores revolucionarios...” (...)

“Por la unidad del frente proletario es preciso entender la unidad de todos los trabajadores deseosos de combatir al capitalismo...” 

Gobierno liberal, burocracia política y sindical liberal

La burocracia político-sindical del PC y Patria Roja no se privó de cualquier recurso para perseguir que las bases de la CGTP hipotecaran su voto al liberalismo de Verónika Mendoza, tal como lo hizo con Humala y el ultra-reaccionario Kuczynski. Ocurrido el fracaso electoral, se volcó a la campaña de Perú Libre, mellizo programático, con los ahora patentes resultados del nuevo gobierno del Estado Burgués a casi dos meses y medio.

Castillo asumió el 28 de julio con un discurso cuyo desarrollismo podría haber suscrito cualquier político neoliberal: ninguna política estatista. A partir de allí Castillo, Cerrón, Bellido y Francke dirigían un gobierno únicamente interesado en mantener la “estabilidad” económica para los capitalistas y la “gobernabildad” de la falsa democracia. A esta realidad se reduce siempre cualquier retórica del seudo-izquierdismo pequeñoburgués oportunista, que en este caso incluye una conocida trayectoria machista, homófoba, xenófoba y corrupta.

Ya a días de iniciado el gobierno los trabajadores pudimos comprobar, también, que no solo se trataba de ponerse a los pies de Julio Velarde y sus S/. 42.000 de sueldo en el BCR, sino de continuar sirviendo a los contratos lesivos del imperialismo chino y su Tratado de Libre Comercio, como demostró la cercana relación establecida. Un ficticio “gobierno del pueblo” contra el pueblo.

Castillo prorrogó por segunda vez en su mandato el Estado de Emergencia que conculca derechos fundamentales. Una medida decretada por Vizcarra y mantenida por Sagasti bajo pretexto de la pandemia, cuyo sentido es instaurar un virtual co-gobierno con las Fuerzas Armadas y Policiales. Dos semanas atrás había mantenido la postración del Perú a los EEUU mediante el apoyo a la "agencia de cooperación" norteamericana (USAID), mientras se negaba a elevar el sueldo mínimo que hasta Kuczynski incrementó en su momento y que no debería bajar de S/. 2500 para ser digno.

En Washington Castillo prestó sumisión a la OEA, ofreciendo el país a los capitalistas de la Cámara de Comercio norteamericana, al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, como lo hicieron siempre todos los gobiernos anteriores. En México se reunió con el multimillonario Carlos Slim, animándolo a continuar engulléndose este país. Su Ministro de Comercio Exterior Roberto Sánchez, camarada del PC y Patria Roja en Juntos por el Perú, garantizó a los millonarios mexicanos del turismo todos sus intereses y anunció exultante la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con los imperialismos canadiense, japonés, australiano y otros países, que firmó Kuczynski quince días antes de renunciar (TPP-11). Es la viva imagen del actual gobierno neoliberal y pro-imperialista. Luego, de regreso al Perú, Castillo enalteció a las Fuerzas Armadas, masacradoras y terroristas de Estado, por su aniversario.

Finalmente, hace dos días, el Mensaje a la Nación ha consagrado un "...compromiso con la inversión privada (...) por encima de toda ideología". Es el gobierno de Castillo, Francke y Velarde que ahora, despojado de Cerrón, toma un abierto cariz caviar, siempre con el beneplácito del aparato estalinista -neosocialdemócrata liberal- dominante en la CGTP, el mismo que fue acólito de Vizcarra y Sagasti, siempre dispuesto a “consensuar” toda política capitalista contra los trabajadores en el Acuerdo Nacional o anhelando el Consejo Nacional del Trabajo, y a engañar sobre este “gobierno popular… de nuevo modelo económico”. Esas cúpulas traidoras se auto-titulan ahora “Frente por la Democracia y la Gobernabilidad” (por la seudo-democracia burguesa) como hasta hace poco tenían el descaro de auto-proclamarse “Asamblea Nacional de los Pueblos”.

La revolución del Octubre chileno

por Gustavo Burgos (desde Chile), en colaboración con la revista Manifiesto Internacional

02.09.2021

El levantamiento popular chileno de octubre del 19, se ha de incorporar al arsenal político de los explotados sirviendo como una pieza programática fundamental para comprender el desarrollo de la lucha de clases y la experiencia de la clase trabajadora en el contexto internacional.  Como toda revolución protagonizada por los explotados, una de sus primeras batallas políticas consiste en ser reconocida como tal y esta es la primera de las tareas que hemos de abordar los marxistas revolucionarios.

Hasta el día de hoy son múltiples los sectores políticos —de la burguesía liberal y de la pequeñaburguesía— que califican a este proceso como un «despertar ciudadano», transversal y de los «territorios» cuyo alcance fundamental es el reclamo de mayor participación en las decisiones sociales y en el reparto de la riqueza social generada por el modelo. Su triunfo principal: haber logrado instalar una Convención Constitucional que redacte una Constitución democrática y que es presidida por una mujer mapuche.  Es moneda corriente en estos análisis, como corolario, atribuirle al levantamiento un sentido integrador de las identidades y minorías, o el carácter motorizador de más amplios consensos sociales. No es necesario explicitar, de entrada, que todo consenso es la imposición de la voluntad de una minoría.

Todas estas lindezas —que por clemencia denominaremos «posmodernas»— se presentan como superadoras del ideario revolucionario, reducen a la clase obrera al burocrático e impotente «mundo sindical» e invariablemente proponen como respuesta a cualquier problema social su «visibilización», institucionalización y la creación de algún estatuto jurídico. Es lo que llaman «la sociedad de derechos».

En un sentido práctico el posmodernismo propone como salida a la crisis social el fortalecimiento institucional capitalista, en tanto las ideas deben ser calificadas no por aquello que declaman, sino por aquello que materialmente convocan a realizar. Por eso más allá de la parafernalia democrática y progresista, el discurso identitario, de minorías y de consenso social, en la práctica se revela como aristocrático, antidemocrático y patronal, del momento que traducen toda su política en el mero accionar institucional y electoral.

La pusilanimidad descrita sirve de base a la elevación de categoría programática, el desarme político y organizativo de los trabajadores. En efecto, todo el discurso contra los partidos, las jerarquías y los programas políticos, propone un modelo organizativo aparentemente horizontal, sin estructura operativa y sin programa. Tal planteamiento — aunque resulte increíble y contra toda evidencia histórica— es presentado como representativo de un nuevo modelo de transformación social que se hace cargo de las «nuevas realidades» del mundo contemporáneo.

Quiénes así se expresan, retrocediendo 2500 años en el pensamiento político hasta la caverna de Platón, pretenden demostrar que el simple enunciado de sus postulados «construye realidad». Pero la lucha de clases, ese inclemente y feroz topo del que nos hablaba Marx, pone a cada cual en el lugar que el enfrentamiento social demanda. Así las cosas, el Frente Amplio, hace muy poco el epítome de la renovación política, ha devenido de forma incuestionable en uno de los pilares del régimen capitalista chileno, al punto que uno de sus máximos dirigentes se empinará con la mayor de las certezas como el próximo Presidente de la República. La Lista del Pueblo que hace 6 meses, se nos presentara igualmente como la revelación del proceso constituyente incorporando a los independientes y a los movimientos sociales con 27 representantes en la Convención, ha naufragado de forma estrepitosa: perdió a sus convencionales y muere fraccionada por querellas internas que poco tienen que ver con la política.

Está demostrado, las palabras no construyen realidad, sino que el accionar de las clases en la historia y es precisamente el de la clase trabajadora chilena el que a partir del levantamiento popular de ese ya lejano 18 de Octubre, que se expresó como crisis revolucionaria, abrió espacio a un proceso político que sigue en curso y cuyo contenido de clase la proyecta como revolución socialista.

 

La profundidad del Octubre chileno

Nos hemos referido a la «lectura» que la pequeñaburguesía hace del proceso, angustiada por el colosal enfrentamiento entre la burguesía y el proletariado. El destino de tales corrientes ya está signado por el proceso político, reducido al plano electoral institucional, sin que merezca mayor interés por su previsible evolución. Sin embargo, es necesario poner de relieve qué ocurrió en tal levantamiento y de qué forma el mismo sigue vivo azuzando el conflicto social.

Piñera se impuso con cierta comodidad en las presidenciales del 2017 ante un opaco candidato de la Nueva Mayoría, un ya olvidado —tuve que buscar en Google su nombre— Alejandro Guillier. La Derecha pinochetista calificó el triunfo con adjetivos rimbombantes («aplastante», «histórico», etc.) precisamente porque sabían que había sido un triunfo electoral pírrico que abría sombrías proyecciones. Desde su instalación, la segunda presidencia de Piñera reveló su precariedad y su falta de apoyo popular. La frustrada designación de su hermano Pablo como embajador en Argentina, fue el primero de esos síntomas. Luego se produjo la humillante, en la práctica destitución, del Ministro de Cultura Mauricio Rojas, un tránsfuga, ultrarreaccionario y negacionista de las violaciones a los DDHH. Todo esto ocurrió antes de los primeros seis meses de gobierno, un invierno que terminaría con un pequeño levantamiento popular en la denominada «Zona de Sacrificio» del complejo industrial Quintero-Puchuncaví y el sospechoso asesinato del pescador y activista Alejandro Castro, el «Macha», el 4 de octubre de 2018. La respuesta popular, que mereció este crimen reeditó ya como protesta callejera la repulsa popular a Piñera que hasta ese momento se había hecho sentir principalmente en las redes sociales, haciendo desaparecer de escena por completo los intentos de la Nueva Mayoría (ex Concertación) de rememorar los 30 años del triunfo del No en el Plebiscito de Pinochet.

Poco más de un mes después —el 14 de noviembre del mismo año— el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca, fue la chispa que encendió el movimiento. Pasaron horas desde que el comunero fuese asesinado por las FFEE de Carabineros en la lejana Temucuicui, para que en Santiago la Plaza Baquedano se llenara de manifestantes bajo el verso de Raúl Zurita proyectado contra los edificios: «Que su rostro cubra el horizonte». Miles y miles de manifestantes salieron a ocupar plazas y avenidas. Miles que demandaban justicia para el mapuche y castigo a los policías asesinos, responsabilizando a Piñera y a su primo el Ministro de Interior Chadwick, como autores de este alevoso crimen político. Todos los intentos de justificar el asesinato de Catrillanca —al que inicialmente se calificó como delincuente desde La Moneda— terminaron en un completo fracaso, ocasionando el mayor descrédito de un gobierno que a todas luces carecía de toda legitimidad.

Tres días después, los portuarios de Valparaíso, tras más de treinta años de inactividad huelguística, anunciaban la paralización del puerto no el más grande, pero el de mayor tradición política del país. Los obreros portuarios se movilizaban contra la precarización laboral y los despidos masivos perpetrados desde las concesionarias portuarias de Luksic y Von Appen. Luksic, el primero, el grupo económico más grande de Chile y uno de los más importantes de América Latina, pactó rápidamente y logró sacarse el conflicto de encima. Sin embargo, Von Appen (TPS) endureció su posición y demandó de Piñera el apoyo político y de la fuerza pública. Los trabajadores —una asamblea llamada Fuerza Portuaria que agrupaba poco más de 400 portuarios—respondieron endureciendo las medidas y formando piquetes de autodefensa que paralizaban el centro de la ciudad y enfrentaban en agotadoras jornadas de lucha callejera a las FFEE antimotines.

Mientras Piñera trataba de restarle relevancia al conflicto calificándolo como «privado», el propio Von Appen demandaba una intervención represiva que aplastara físicamente el movimiento. Esta división en el frente patronal fue aprovechada por los portuarios quienes comenzaron a acaparar la atención pública despertando la solidaridad de otros sectores de trabajadores. La situación, por su explosividad, tensionó a todo el arco político: Piñera que trataba de evitar comprometerse en nuevas acciones represivas, herido como estaba por el caso Catrillanca; la oposición, por su lado reducía su discurso a un impotente llamado al diálogo. El en ese entonces debutante alcalde frenteamplista de Valparaíso, Jorge Sharp, intentó traducir la política opositora de diálogo, sin que tuviese ningún resultado. La llamada «alcaldía ciudadana» hizo manifiesto su compromiso de clase con el empresariado sumándose a la presión dirigida desde las cámaras empresariales por el «desorden», el impacto en el comercio y la actividad turística en la medida que se aproximaban las fiestas de fin de año.

El conflicto terminó en un acuerdo tripartito, en el que Piñera comprometió bonos y recursos en capacitación. Un triunfo parcial que no impidió que el grupo más relevante de activistas de este conflicto pasara a engrosar las listas negras de Von Appen, planteando por lo mismo otras tareas políticas al sector. La Unión Portuaria apoyó después de esperar por semanas que el movimiento se ahogara en el aislamiento y la corrupta y veterana burocracia sindical de Roberto Rojas fue desplazada por una de nuevo cuño, encabezada por Pablo Klimpel que ha encabezado un nuevo período de silencio sindical. Los portuarios escribieron una página más en su historia de lucha, sin embargo, habían protagonizado la primera huelga política después de iniciada la transición del 90, que no sólo enfrentó al gobierno, sino que barrió con la burocracia sindical e instaló una asamblea permanente —la mentada Fuerza Portuaria— dando forma a los primeros grupos de autodefensa del movimiento, una Primera Línea nacida en el conflicto.

Este conflicto, que hemos detallado en grandes líneas, rompe el delicado equilibro en el que se sustentó el régimen de la transición post Pinochet. El elemento determinante para este salto no fue la envergadura del conflicto, sino que su radicalidad y la capacidad que tuvo para acaudillar un movimiento que enfrentó, clase contra clase, al régimen en su conjunto. La asamblea de la «Fuerza Portuaria» fue una señal y una lección para el conjunto de los trabajadores. Esto se vio nítidamente reflejado durante el 2019 en el formidable paro docente, que por casi 60 días puso nuevamente en las cuerdas a Piñera, un movimiento huelguístico en que las asambleas de base, asambleas de trabajadores, fueron disputando el poder político que la burocracia PC-Concertación tuvo de forma omnímoda durante casi tres décadas sobre el gremio docente.

Este marco general de agudización de los antagonismos de clase, sentó las bases para el estallido revolucionario. De un lado un gobierno débil y de discurso versallesco, caracterizado por la continua autoproclamación como el mejor gobierno de la historia, con un presidente con aspiraciones de líder mundial y un discurso oligárquico delirante, colisionó frontalmente con un amplio espectro de conflictividad social, con un creciente agotamiento de las ilusiones democráticas y una tendencia a la acción directa. Por eso el simple salto de los torniquetes de los secundarios —precedido por declaraciones provocadoras de los ministros del gobierno y la ocupación policial de la columna vertebral del transporte público del Metro— actuó como detonante para un levantamiento popular sin precedentes en nuestra historia. De forma casi muda y sin dirección política formal, millones de trabajadores ser volcaron furiosos a las calles en todas las ciudades del país.

Sólo en Santiago fueron incendiadas 20 estaciones de Metro y atacadas severamente otras sesenta más. Los edificios corporativos de los bancos, multinacionales, concesionarias, portales de autopistas, fueron saqueados e incendiados. Vehículos nuevos fueron usados como barricadas y sus locales comerciales del gran comercio de los Mall fueron saqueados, haciendo ver las escenas iniciales de Robocop como una torpe e infantil parodia. Los muchachos alimentaban las barricadas con ropa nueva, con televisores y refrigeradores. Los supermercados fueron igualmente saqueados por turbas no sólo empujadas por el hambre, sino que también en un acto de justicia social. «Ahora nos toca a nosotros» murmuraban mientras salían con carros de los enormes supermercados de las grandes cadenas. Ritualmente, al menos la primera semana los locales eran saqueados y luego incendiados. La fuerza represiva devino en absolutamente incapaz para enfrentar tamaña insurrección.

Piñera, que mientras se iniciaron las manifestaciones fue fotografiado celebrando un cumpleaños en una elegante pizzería del barrio alto de Santiago, instruyó a sus ministros para que salieran a reparar junto a la fuerza pública los destrozos y colaboraran en el aseo de la ciudad. No tuvo tiempo de farsa alguna. El mismo 19 de octubre, rodeado de los altos oficiales del Ejército anunció la declaración del Estado de Excepción Constitucional, toque de queda en todo el territorio nacional y la ocupación militar del país, una escena explícita de autogolpe de la que abrió el campo para la masiva y sistemática violación de los DDHH. Por orden de Piñera fueron asesinados más de 40 compañeros en un espacio de dos meses, más de 400 fueron mutilados ocularmente, miles de detenidos fueron a abarrotar los cuarteles policiales donde fueron abusados por Carabineros. Decenas y centenares de miles fueron metódicamente apaleados y gaseados por el aparato represivo del Estado capitalista.

Cada uno de estos atentados, como suele ocurrir en los estallidos revolucionarios, lejos de atemorizar a la población, actuaban como convocatoria a nuevos y más amplios sectores a la movilización. Piquetes de autodefensa, formados por trabajadores jóvenes se desplegaron contra la ofensiva militar del régimen, piquetes expresivos del movimiento y bautizados como la Primera Línea de la insurrección. En los barrios obreros reverdecieron las asambleas populares y cabildos que daban espacio a la organización y a la discusión política. Los trabajadores encontraban en estas formas de organización la trinchera que por décadas la burocracia sindical le había negado en sus centros de trabajo. Liberados del discurso derrotista e institucional de los partidos del régimen y de la burocracia sindical, los trabajadores comprobaron en la práctica que era posible acabar con el gobierno y echar abajo el régimen del hambre y la explotación.

Tres huelgas generales políticas 23 y 24 de octubre y 12 de noviembre terminaron por tumbar a Piñera. El 28 de octubre Piñera se vio obligado a retirar los militares de las calles, los que fueron derrotados por la movilización desde el mismo momento que el General Iturriaga —a cargo de la Región Metropolitana— dijera el 24 de octubre que él «era un hombre feliz y que no estaba en guerra» contrariando el discurso incendiario de Piñera, quién había declarado la guerra a los movilizados. Al día siguiente cerca de tres millones de movilizados salieron a las calles y plazas de todo el país, dando lugar a la llamada marcha más grande de la historia de Chile.

Los hechos descritos, salvo para un obtuso escéptico o un pusilánime, no pueden sino ser caracterizados como una revolución obrera. Un levantamiento de los trabajadores en contra del régimen capitalista en toda su forma y que sólo pudo ser contenido mediando el acuerdo expreso o tácito de todas las fuerzas políticas del régimen, aquellas con representación parlamentaria. En efecto, mientras la llamada Mesa de Unidad Social que agrupaba a las principales organizaciones de trabajadores perdía el tiempo en reuniones con los ministros de Piñera, proponiéndoles diálogo a quienes tenían sus manos manchadas con la sangre del pueblo, los partidos silenciosamente —desde la UDI hasta el Frente Amplio— articularon las redes para imponer sobre el movimiento, el 15 de noviembre, el Acuerdo por la Paz, un acuerdo contra el pueblo cuya primer y explícito sentido fue legitimar la represión, desmovilizar y reencauzar el proceso hacia la vía institucional. Que el único sujeto —el resto firmó representando a sus partidos— que haya firmado personalmente ese acuerdo, Gabriel Boric, sea hoy muy probablemente el próximo gobernante, revela la trascendencia de ese acto político.

 

Una Convención para frenar el proceso revolucionario y apuntalar al capitalismo

A partir de ese Acuerdo, Piñera siguió en La Moneda con la única finalidad de administrar el proceso, pero dejó objetivamente de gobernar. A partir de ese 15 de noviembre el Gobierno pasó a las manos de las fuerzas conjuntas de sus suscriptores, quienes pactaron el proceso constitucional en curso, establecieron el régimen de acuerdos y se comprometieron a preservar la institucionalidad amenazada por la revuelta. Hace unos días, conversando con un viejo cuadro estalinista, éste me dijo sin ningún tapujo que el Acuerdo había que suscribirlo «sí o sí», porque lo contrario «era empujar al pueblo a un baño de sangre».

Hagamos a un lado toda diplomacia y el característico hablar oblicuo que tenemos los chilenos. Quienes suscribieron ese Acuerdo (UDI, RN, Evópoli, DC, PS, Frente Amplio) y quienes se sometieron a él (PC y satélites), no lo hicieron para impedir que el pueblo sea masacrado. Es más, buena parte de sus suscriptores han sido propiciadores de cuánta masacre haya tenido lugar en nuestro país. Porque esto no se trata de la moral barata con la que se llenan manifiestos por la democracia y los DDHH, esto se trata de que con ese Acuerdo se pactó defender el orden social cimentado en la gran propiedad privada de los medios de producción, el capitalismo, contra cualquier acción revolucionaria. El fondo del Acuerdo es un pacto contra toda revolución.

El poeta romano Horacio —un hombre cuya vida es un tributo a la resiliencia— dijo «parirán los montes, nacerá un ridículo ratón», en referencia a quienes prometen la grandeza en los textos y propician lo miserable en la realidad. La frase pareciera haber sido pronunciada mientras se observa el proceso constituyente chileno, que a la postre no es cualquier ejercicio jurídico, sino que una proeza institucional de enormes arcos y guirnaldas, totalmente vacía de contenido. Porque en esto se ha resuelto la promesa democrática de los acuerdistas, en la continuidad de la miseria del gobierno del gran capital.

Ayudado por la pandemia, el régimen logró empujar hacia abajo el movimiento de las masas. La tragedia de la naturaleza, como en todo el mundo, ha servido al poder para imponer disciplina social y Chile no fue la excepción. Contra los razonamientos idealistas, la sola intensificación de las condiciones de miseria —tal ha sido el efecto directo de la pandemia para los trabajadores— no resulta ser garantía para el despliegue de acciones de resistencia. Al contario, el desarrollo coetáneo de movimientos de masas importantes como el ecuatoriano y el colombiano, carentes igualmente de toda dirección revolucionaria han contribuido con su silente final a dar más cuerpo al proceso constituyente. Buena parte del activismo ha sido arrastrado tras el ideario democrático burgués, como decíamos al inicio de esta nota, tales concepciones han permitido reinterpretar los hechos recientes de la lucha de clases y significarlos en función de la escrituración de un texto constitucional. En lugar de una revolución un papel escrito. Así están las cosas.

Uno de los más representativos —no voy a utilizar la expresión «brillante»— convencionales de la —dispensen la redundancia— Convención Constitucional, el abogado Fernando Atria, adquirió notoriedad en el debate previo a la instalación de la Convención, en base a su tesis de la «hoja en blanco». Esto significaba que la Convención Constitucional no tendría más límite en su accionar que sus acuerdos y que la institucionalidad resultante de tal proceso se superpondría, superadoramente, sobre la existente. Con esto se contestaba a la Derecha que pretendía que la Convención actuara como una simple cámara de reformas del orden institucional. Contra esta idea Atria afirmaba que donde no hay acuerdo, no hay norma. Por eso «hoja en blanco». Ahora instalado en la Convención su convicción es otra y adquiere la forma de la defensa de la institucionalidad, en la forma de la defensa de los 2/3 para generar normas constitucionales, cuando aclara que «pretender que la Convención puede cambiar unilateralmente esa regla no corresponde a lo que la Convención puede hacer. Entrar en esa discusión es un riesgo para el proceso constituyente». Dicho con claridad, el proceso constituyente es la institucionalidad.

 

La salida de la crisis está en manos de los trabajadores

¿Se movilizaron millones, entregaron sus ojos y vida para esto? Por supuesto que no. ¿Saltó por los aires el orden establecido para volver al estado inicial? Tampoco. Transitamos por un recodo en el camino del proceso revolucionario abierto, ante él la burguesía le ha opuesto sus esclusas institucionales, para ganar tiempo, para dividir y reinar. Para recrear la ilusión de que su democracia es el único orden posible, más allá de que otro resulte deseable, pero imposible.

La respuesta está en manos de la clase trabajadora, de los obreros, del proletariado, de la inmensa mayoría social protagónica del levantamiento revolucionario del Octubre chileno. Para articular tal respuesta resulta imprescindible la construcción de un partido político, un Estado mayor de las masas en lucha, una nueva dirección política que proclame abiertamente la necesidad de acabar con el régimen capitalista, de expropiar al gran capital y acabar con la propiedad privada de los medios de producción. Una dirección política que a partir del conjunto de las reivindicaciones que se levantaron desde las bases del estallido, se plantee acabar con la institucionalidad patronal siguiendo el camino abierto en Octubre del 19, que es el camino que han seguido todas las revoluciones obreras desde la Comuna de París en 1871. Una dirección política que levante la bandera roja de los trabajadores que significa que la lucha es sin cuartel, sin pactos, sin transiciones y cuyo objetivo es acabar con el aparato militar capitalista expresión orgánica de la explotación de clase. Una dirección que plantee abiertamente que la revolución obrera no es solo la muerte del capital, sino que el establecimiento del gobierno obrero, de los trabajadores, de los explotados, un gobierno sustentado en los órganos de poder, asamblearios, de base y apoyado materialmente en el armamento general de la población.

Compañeros, los marxistas lo sabemos en todo el mundo, pero lo sabemos particularmente los chilenos porque lo hemos vivido en carne propia: no hay vías pacíficas ni institucionales para la «transformación» revolucionaria de la sociedad. La derrota de la Unidad Popular es igualmente el fracaso de toda concepción frentepopulista y de colaboración de clases. Porque como dramáticamente advirtieran los Cordones Industriales en su Carta a Salvador Allende el 5 de septiembre de 1973, el frentepopulismo es «responsable de llevar al país, no a una guerra civil que ya está en pleno desarrollo, sino que a la masacre fría, planificada de la clase obrera más consciente y organizada de Latinoamérica, y que será responsabilidad histórica de este gobierno llevado al poder y mantenido con tanto sacrificio por los trabajadores, campesinos, pobladores, estudiantes, intelectuales, profesionales, la destrucción y descabezamiento quizás porque plazo y a que costo sangriento de no sólo el proceso revolucionario chileno sino también el de todos los pueblos latinoamericano que están luchando por el socialismo».

Ha sonado el clarín de la revolución obrera, que cada cual tome su lugar en la trinchera de los trabajadores.

La posta liberal

 

Acaba de proclamarse nuevo Presidente en medio de recientes denuncias fiscales y detenciones por corrupción en Junín, donde gobierna Perú Libre y donde ya fue condenado Vladimir Cerrón por negociación incompatible al beneficiarse un consorcio constructor. Hoy en su discurso el maestro campesino ha prometido un país "más justo, más digno, más humano", pero será desde el próximo 28 que el pueblo trabajador pueda comprobar la exacta significación de justicia, dignidad y humanidad usada por Pedro Castillo, Cerrón y su partido, cuando le administren su Estado Capitalista a la plutocracia con la debida fidelidad. De momento Castillo se ha reafirmado en garantizarles "la estabilidad jurídica y económica" y el respeto a la "institucionalidad y la Constitución". A esa hora se publicaban en twitter las felicitaciones de los gobiernos imperialistas de Estados Unidos y Reino Unido, de la OEA y del Banco Mundial.

Declaración del POR (Bolivia) 06.07.21

¿Cumbres para la reactivación económica?

Maniobra del gobierno y de la burocracia sindical para encadenar a los bolivianos al Estado burgués, a la clase dominante y al imperialismo

Arce Catacora y los dirigentes de la COB, por separado, han anunciado la urgencia de organizar cumbres por departamentos y que concluirá en una nacional con la finalidad de estudiar proyectos orientados a reactivar la economía del país. Estas cumbres deben incorporar a todos los sectores para que, de manera “unitaria”, todos los bolivianos, hagan esfuerzos con la finalidad de reactivar la economía que, según el gobierno, ya estaría en marcha gracias a una adecuada política económica que estaría poniendo en marcha el gobierno del MAS.

Gobierno y burócratas sindicales hacen énfasis en el concepto de “unidad” dando a entender que los trabajadores, el Estado y los empresarios están obligados a recorrer el mismo camino y en franca colaboración (pacto social) para logar el interés común de una Bolivia libre de la crisis económica que garantice bienestar para todos, fuentes de trabajo estables, sueldos y salarios que cubran las necesidades de los trabajadores,  utilidades adecuadas para los empresarios privados y las transnacionales imperialistas etc. En suma, prometen una Bolivia idílicamente “armónica y complementaria” donde los lobos y los corderos convivan en una santa alianza de clases y sin crearle problemas al Estado burgués.

Así, el gobierno que se autoproclama como socialista, revolucionario y hasta antiimperialista y la burocracia sindical corrupta y servil, terminan negando la lucha de clases y postulando una política de total sometimiento a los intereses de la clase dominante y de las transnacionales imperialistas. No cabe duda que, a título de reactivación económica, pretenden someter a más hambre a los trabajadores y a la gran mayoría de cuentapropistas (a los campesinos pobres, a los comerciantes minoristas, a los artesanos, a las amplias capas de economía deprimida de la clase media, etc.) para engordar sin tasa ni medida a los empresarios chupasangres y a las transnacionales que son los tentáculos de la opresión imperialista en el país.

Los bolivianos tenemos mucha experiencia en que las cumbres sociales siempre han sido una impostura que han servido para encubrir el sometimiento de los explotados a los intereses de los explotadores. Ahora corresponde no caer en esa trampa y, si las circunstancias obligan a concurrir a esos escenarios, los explotados deben hacerlo enarbolando sus propias banderas de la lucha encarnadas en el programa revolucionario del proletariado para impedir que las grandes mayorías caigan en las redes del enemigo; no concurrir al degolladero desarmados sino con las banderas bien plantadas para ganar a la política revolucionaria a la mayoría hambrienta y oprimida del país.

Denunciar que el desarrollo económico no se logra con proyectitos regionales distraccionistas que no tocan las raíces estructurales de la crisis económica. El programa que se plantee en las cumbres debe desnudar la incapacidad de la clase dominante y del Estado burgués, que la actual crisis económica no se supera con pequeños remiendos. Corresponde plantear:

1.- La estatización de toda la minería privada (grande, mediana y pequeña) para poder aprovechar plenamente de la subida coyuntural de los precios de los minerales en el mercado mundial y no conformarse con los miserables impuestos de exportación que dejan los empresarios y las transnacionales.

2.- Explotación e industrialización del litio con plena soberanía. No a la entrega a las transnacionales.

3.- Reversión de las tierras de manos de los grandes latifundistas del Oriente boliviano en beneficio de la inmensa mayoría de campesinos y originarios desposeídos.

4.- Política proteccionista por parte del Estado para defender la producción interna, gravando aranceles de importación altos para todos los productos extranjeros. 

5.- Real estatización e industrialización del gas y la urgencia de explorar y producir nuevas reservas petroleras,

6.- Nacionalización de la banca privada, condonación de créditos e intereses.

7.- Estatización de la medicina privada y producción e importación de medicamentos por parte del Estado para ser directa y gratuitamente distribuidos a los bolivianos que necesitan mitigar sus males, etc.

Partido Obrero Revolucionario

Declaración de FSR (Bolivia) 27.06.21

El regalo de Evo Morales y el MAS para el aparato represivo del Estado

Evo Morales ha sido muy claro cuando dijo que Murillo fue su mejor jefe de campaña, y por eso al momento de asumir el gobierno de Lucho Arce, se hicieron a los locos y lo dejaron escapar, mientras que les dieron la opción de obtener un salvoconducto a los otros acusados del Golpe, como Camacho, quien fue candidato a la gobernación y al salir ganador se libró de estar tras las rejas junto a Añez quien no tuvo la misma suerte al perder la Gobernación en Beni. Todo esto en el marco de un pacto entre la derecha masista y la derecha tradicional.

Entonces si Murillo fue su mejor jefe de campaña porque era el autor intelectual de todos los actos de represión y persecución que se habían cometido durante el gobierno de Añez, y por eso había que dejarlo en el gobierno y no pedir su renuncia, los policías que eran los operadores y ejecutores de esa persecución y represión también tenían que ser premiados, y aquí está su premio: el proyecto de ley 197/2020-2021.

Juan Ramon Quintana, que aparte de haber sido hombre fuerte del gobierno del MAS, es sociólogo e investigador, tiene libros publicados sobre la historia de la policía por lo que conoce bien la institución. En una conferencia internacional en la que denuncia como un error torpe la Ley de ascensos de la Policía dice una gran verdad, pero también dice una gran mentira. Analicemos primero la gran verdad que dice.

Carrera de generales un gran premio para la policía

El proyecto de Ley de ascensos de la policía, que el ministro Del Castillo quiso hacer aprobar antes del 24 de junio (aniversario del verde olivo) es un regalo porque les otorga muchos beneficios, en apariencia simbólicos, pero en los hechos económicos. Según este nuevo proyecto del Ley, entre otras cosas, los oficiales podrán llegar a ocupar el cargo de generales, lo que obviamente implica nueva creación de ítems y nueva escala salarial, que no nos vengan con el cuento de que un general va a ganar lo mismo que un coronel. Por otro lado, en el estamento inferior, donde están los sargentos y sub oficiales, también habrá cambios, por ejemplo, desaparecen los rangos de policía y cabo, por lo que todos inician su carrera con el rango de sargentos. Esto en el corto plazo significará un incremento en las remuneraciones de los policías. Esta afirmación no es una simple especulación nuestra, en la socialización del proyecto de ley que la policía ha transmitido por su página del Facebook lo dicen claramente. “En el corto plazo traerá beneficios económicos, en el proyecto de ley no se puede poner porque obstaculizaría su tratamiento en el parlamento”.

Pregunta. ¿Quién pagará esos beneficios económicos que en el corto plazo tendrán los policías? Es evidente que nosotros, toda la población que pagamos impuestos incluso cuando compramos un Chicolac en la tienda de la esquina. Mientras que hoy, durante la pandemia existen miles de trabajadores en salud que han sido despedidos o no se les está pagando sus salarios, el gobierno ha decidido destinar mayor presupuesto para premiar al aparato represivo del Estado. Cuando se defina el presupuesto general de la nación para el año 2022 será el momento en que podremos verificar esta afirmación que hacemos.

La derecha tradicional que es una oposición funcional al MAS, no dice nada de esto, sólo dan pataleos porque el ministro de gobierno sería parte del Estado Mayor de la Policía. Ese pataleo es por una cuestión coyuntural ya que no son ellos gobierno, pero, por ejemplo, si Murillo supiera que en el futuro sería ministro de gobierno de nuevo, estaría feliz aplaudiendo este proyecto de Ley con el que tendría más poder dentro de la policía.

En definitiva, esta ley es un regalo para quienes ejecutaron al pie de la letra el guion del mejor jefe de campaña de Evo Morales: Murillo.

La gran mentira de Quintana

En el video que le grabaron a Quintana mientras intervenía en una conferencia internacional, Juan Ramón dice una gran mentira. Al mejor estilo de un adocenado “intelectual” de la burguesía, nos dice que la policía es una institución cuya principal y esencial función es la seguridad ciudadana. Todos sabemos que ese es un cliché con el que nos engañan. En realidad la función esencial de la policía, parte del aparato represivo del Estado burgués junto a las fuerzas armadas, es el de mantener el régimen capitalista establecido, proteger la propiedad privada de los grandes medios de producción, garantizar que se cumplan las leyes del gobierno de turno dirigidas a la explotación y super explotación de los trabajadores y el saqueo de los recursos naturales por parte de la burguesía nacional y transnacional.

Por ejemplo, si las transnacionales petroleras quieren ingresar al TIPNIS junto a los cocaleros y los madereros, será la policía quienes garanticen ese hecho, así como ya lo hicieron en el pasado. O por ejemplo si los empresarios deciden despedir a los trabajadores ilegalmente y estos, para hacer respetar sus derechos deciden hacer una huelga, como ocurrió en VITA, la policía estará ahí presente para reprimir. Si la población sale a las calles para luchar contra una política como el gasolinazo de Evo Morales el 2010, la policía estará ahí para reprimir. Son especialistas en la represión de la población, la seguridad ciudadana es la cortina, y es la función que menos resultados en favor de la población tiene.

La crisis económica, sanitaria, política y social en la que vive el país no da para más, el gobierno de Lucho Arce no podrá disimular más su incapacidad de resolverla y en el corto y mediano plazo tendrá que desplegar una serie de políticas de ajuste para cargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores, campesinos pobres y demás clases populares; para lograr imponer estas medidas necesita tener una policía fiel y para eso están utilizando todos los medios como la prebenda con los beneficios que esta les da a los policías y con el sometimiento y control político más riguroso al definir que el ministro de gobierno sea parte del Estado Mayor de la institución.

Los trabajadores debemos estar alertas y organizarnos desde las bases para enfrentar y combatir las medidas de ajuste que se vienen, la forma violenta con la que van a querer imponerlas. Que la crisis la paguen el Estado y la burguesía nacional y transnacional.

Fabriles Socialistas Revolucionarios

El programa de Pedro Castillo

Al 100% de actas contabilizadas, Perú Libre ha ganado las elecciones. Durante la campaña, la mafia fujimorista rivalizó con un candidato que prometió: un “gobierno del pueblo” convocante de una “Asamblea Popular Constituyente”, la recuperación de la “soberanía económica” negociando con las transnacionales y erradicar el “modelo” neoliberal vigente. Sin embargo, con el correr de las semanas hacia la segunda vuelta ha prometido: “respetar la propiedad” y sus “inversiones”, convocar a los “empresarios patriotas”, “respetar el Estado” y “sus instituciones”, “respetar la Constitución”, “respetar la libertad de prensa”, “respetar a las Fuerzas Armadas y fortalecer la Policía Nacional”, “respetar los tratados internacionales”. Es palmariamente evidente que ni Pedro Castillo ni Perú Libre pueden explicar: cómo un gobierno aun siquiera anti-neoliberal (capitalista de Estado, no socialista) haría para establecer una soberanía económica si respetará desde el primer instante la descomunal riqueza de la clase dominante y se coludirá con esos empresarios, si respetará todas sus instituciones, su Constitución fujimorista y la voluntad de los altos mandos militares y policiales. La autoproclamada izquierda anti-neoliberal hace tiempo es liberal, es seudo-izquierda, en eso consistió la falacia del 6 de junio. Solo con la autoorganización y movilización combativa de la clase obrera y el pueblo habrá conquistas frente al nuevo gobierno capitalista pequeñoburgués. ¡¡Luchar por una auténtica Asamblea Popular Nacional y un partido obrero revolucionario, para forjar el poder proletario!!

Contra la burguesía y la seudo-izquierda: Vota Nulo

En torno a 1.100 muertos diarios por Covid actualmente, proyectando cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). Más de 50.000 víctimas mientras Sagasti (cinco meses), unas 100.000 cuando Vizcarra (ocho meses). Ningún responsable político del genocidio ni de la vasta miseria, generados por sus políticas sanitarias y económicas que cautelan a los grandes empresarios y desahucian a las masas trabajadoras. Los dueños del país no mueren ni se empobrecen bajo la protección de gobiernos que los representan en la administración de su Estado Capitalista. Financian y publicitan las campañas de los aspirantes a gestores. Presidente y Congresistas premiados con S/. 26.000 soles mensuales de ignominia. Entre sus opciones: la millonaria tirana corrupta Fujimori, el millonario fujimorista De Soto, el millonario fascistoide López, el millonario fraudulento Acuña; el belaundista neoliberal Lescano, el ultra-neoliberal Forsyth, el torturador y violador Urresti. Aunque la pequeña burguesía también forma parte del menú: la izquierda liberal, la seudo-izquierda que solo implora la aceptación de los ricos y la recepción de sus impuestos remilgados. Mendoza, relacionada con USAID y el Partido Demócrata imperialista, partidaria de Kuczynski, sostén de Vizcarra y afín a Sagasti. Castillo, sexista y xenófobo, maestro pero líder del partido del corrupto Cerrón. La inmensa tragedia del pueblo trabajador no tiene arreglo en manos de la politiquería capitalista. Trabajador, trabajadora: Vota contra ellos, Que se vayan todos, Vota Nulo.

 

En el peor país de la pandemia

Yván Yauri - 07 de noviembre del 2020.

Casi 100.000 muertos por Covid-19. Las peores tasas de contagio y mortalidad del mundo. Son las cifras agregadas a la cuenta histórica que el Estado Capitalista peruano mantiene con el pueblo trabajador. 

Promulgado el Estado de Emergencia en marzo, el gobierno deviene virtualmente una coalición entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas. Este acuerdo aseguraba el control efectivo del territorio y la población, previniendo cualquier eventual respuesta popular a la política establecida. Meses después el cargo mismo de Primer Ministro correspondió al General del Ejército que ocupaba el Ministerio de Defensa. 

Una cuarenta de hambre fue decretada durante tres meses y medio, recluyendo en abandono a gigantescas masas pauperizadas, hundiéndolas en la miseria y extendiendo la pobreza hacia las capas medias. En franca parálisis, el Estado peruano fue sostenido económicamente por la clase obrera minera, energética, agrícola, alimentaria, de salud, de limpieza y otras que arriesgaron la vida cada día laborando bajo la pandemia.

En esas condiciones el confinamiento fue tolerado hasta mediados de mayo. La indigencia se tornó insoportable y el pueblo recurrió desesperado a toda actividad de supervivencia. Desamparado a su suerte, afrontó la plaga de la inanición a riesgo del virus mortal. No hubo subsidios universales permanentes por alimentación y demás gastos, ni créditos masivos de emergencia. Solo un par de bonos de S/. 760 -en ocho meses- a modo de limosna, recibidos por una parte de la población muy tarde, mal o nunca.

Los lugares de aglomeración como los mercados fueron olvidados por la política sanitaria, los domicilios quedaron sin monitoreo médico y sus habitantes sin medicinas u oxígeno. El país en general sin medidas de vigilancia, rastreo y evacuación para la enfermedad, sin pruebas moleculares masivas, sin ningún protagonismo popular para enfrentarla. Los hospitales y postas se derrumbaron ante una avalancha de infectados y la salud pública se expuso como el emblema de un Estado históricamente colapsado. La catástrofe sanitaria no fue sino otro nudo en una soga que incluye al empleo y al salario, la educación, la vivienda, la alimentación, el transporte y demás necesidades cruciales, graficando el deplorable nivel de vida padecido durante doscientos años.

La cuarentena finalizó oficialmente el 30 de junio. Y en seguida empezó la reapertura empresarial diseñada para sacrificar las vidas proletarias en el altar de las ganancias capitalistas. Con el transcurrir de las semanas, pese a las tenaces cifras engañosas del gobierno, los trágicos índices reales revelaron la devastación: dejaban en evidencia no solo una funesta política elitista, sino un verdadero genocidio en el Perú. Otro auténtico virus fue siempre la clase dominante al interior de la sociedad.

Masacre, sin embargo, también había representado la política económica. Millones de puestos de trabajo se perdieron, sobre todo en la micro y la pequeña empresa, en frente del desdén gubernativo. El desempleo ascendió oficialmente a 7 millones de personas mientras campeaban la mutilación de salarios y la “suspensión perfecta”, mecanismo de despido en boga. Ya desde los días iniciales Vizcarra financió con dinero público el 35% de las planillas más bajas de la gran empresa y destinó más de S/. 30.000 millones del Banco Central de Reserva a garantizar sus dividendos mediante el programa Reactiva Perú. Al mismo tiempo, cuándo no, permanecieron intocadas las planillas doradas del aparato estatal, por ejemplo los S/. 42.000 mensuales del propio Velarde, Presidente del BCR. En coherencia, el gobierno obtuvo rápidamente un préstamo de $ 11.000 millones del Fondo Monetario Internacional, redoblando así el sometimiento a los imperialismos del mundo.

Durante años Vizcarra ha continuado atacando porfiadamente los derechos laborales tal como lo hiciera su inmediato superior Kuczynski. Facilitó los ceses colectivos y despidos a punta de decretos de urgencia. Los derechos de huelga, vacaciones, estabilidad laboral o inspecciones de trabajo fueron vulnerados. Había ofrecido elevar el sueldo mínimo en el primer trimestre del 2020, pero esta mentira se añadió a su bagaje. Hace mucho que el sueldo mínimo (S/. 930) ha sido convertido en ridículo por el costo de vida. De hecho hoy en día un nuevo sueldo mínimo es inaceptable por debajo de S/. 2.300, el monto de subsidio que debió masificarse durante la cuarentena.

En paralelo, políticos, empresarios y jueces de la clase opresora continuaban exhibiendo el entramado de corrupción endémica que caracteriza a su Estado. Vizcarra mismo ha resultado descubierto en un reciente tráfico de influencias y obstrucción, peor todavía, en anteriores casos de cohecho pasivo, colusión agravada y asociación ilícita, como tantos Gobernadores. Por otro lado, al igual que las administraciones precedentes, tampoco se ha privado de la represión sangrienta: ahí están los tres comuneros de Requena, Loreto, asesinados por la policía el 8 de agosto mientras luchaban contra la petrolera canadiense Petrotal.  

Toda la tragedia nacional reseñada encarna aquello que los portavoces de la burguesía llaman persistentemente “progreso” y “desarrollo” en sus declaraciones públicas. Contrariamente, ¿qué gobierno o partido plutocrático, como parte de su frenesí político antipopular, no ha sido enfangado por la revelación de corruptelas en cada período presidencial durante décadas? 

La descomposición de su círculo mafioso cierra una larga trayectoria que Vizcarra inició nada menos que en el Apra, un paradigma de mafia política en nuestra historia. Pero hagamos algo de recuento amplio más cercano. A su tiempo, Kuczynski y Acuña habían socorrido con sus bribones a Keiko Fujimori en una segunda vuelta. Esto mientras Castañeda abandonaba la pandilla de Lourdes Flores priorizando su mafia personal, aliado al traficante José Vega. A continuación Vizcarra se pliega a PPK y Luna Gálvez prescinde de Castañeda para consolidar su mafia particular. Acto seguido Keiko y PPK negocian la repartija de las suyas. Más allá Vizcarra pacta con Fujimori sus primeros meses de gestión, para luego, enemistados, Vizcarra sobrevivir con fragilidad. Finalmente, un nuevo legislativo coloca a Luna Gálvez, Acuña y José Vega acechando mediante sus propios secuaces. Para muestra todos esos botones.

La actual mayoría congresal proviene de unas elecciones con ausentismo de casi 26%, un escaso 8.3% de votos emitidos para el partido más elegido (Acción Popular) y solo un 4.9% para el menos votado (Somos Perú). Como resultado se constituyó un bloque entre Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Podemos Perú para la Mesa Directiva, mientras UPP de Vega y Antauro Humala entraba en vinculación con PP de Luna Gálvez. En esas condiciones, el Congreso alternativo al del fujimorismo solo podía expresar los intereses plutocráticos de Raúl Diez Canseco, César Acuña y hermanos, Keiko Fujimori, Luna Gálvez, Ataucusi Molina, los financistas de Julio Guzmán… y el militarismo ultraderechista de Antauro Humala, José Vega y Urresti. El pueblo estaba advertido.

Un Presidente que conserva lo salvado de su votación vicepresidencial de cuatro años y cinco meses atrás; un Congreso en que todos los partidos perdieron las últimas elecciones: el 26 de enero un 17.1% de votos emitidos fueron nulos y un 2.4% blancos = 19.5%, pero ya el 2016 los votos nulos/blancos también habían ganado sin paliativos las congresales: 22.2% + 12.8% = 35%. 

Situada frente a la clase explotadora y su Estado, la Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP debió haber sido, desde su creación, la gran herramienta del proletariado para forjar su poder y así alcanzar su gobierno. Entre 2018 y 2019 ha cumplido 90 años de fundación y 50 de reconstitución. Dos hitos históricos que conquistaron la unidad por la que bregaron generaciones de trabajadores combativos. No obstante, en más de medio siglo, la dominación oportunista de una burocracia atrofió a la Central, la postró ante la burguesía y provocó su derrota una y otra vez. Dedicada a la auto-justificación, esta capa subsiste convocando dos tardes de marchas en un año entero y es con frecuencia sobrepasada por resueltas movilizaciones de sectores sindicales o populares.

La CGTP forma parte de organismos antagónicos como el Acuerdo Nacional y el Consejo Nacional del Trabajo. En ellos la casta burocrática participa para “consensuar” la política del enemigo. Un año atrás Vizcarra anunció, solemne, redoblar la "promoción de la inversión privada" y ejecutar el Plan de Competitividad que aspira a regir 11 años. Se trató de una verdadera ofensiva elaborada junto a la Confiep, que reimpulsa las concesiones al gran capital y a las transnacionales, especialmente forestales, acuícolas y turísticas, mientras embiste de lleno los derechos laborales del proletariado. Al anunciarse en Palacio, la más alta dirigencia de la CGTP atendía con placidez entre los invitados. No por azar esta conducta ya había cosechado anteriormente el agradecimiento explícito del gobierno, recibiendo Mario Huamán y Juan José Gorriti la Orden del Trabajo.

Ante la circunstancia de la cuarentena, esta dirigencia optó únicamente por requerir un bono universal de 1000 soles. En pocas palabras manifestó su acuerdo con establecer un infame sueldo mínimo de 1000 soles, 70 soles superior al actual. En concordancia solicitó a Vizcarra no olvidar la propuesta presidencial de “Pacto Social”, es decir el pacto siempre vigente con los grandes empresarios.

La dirección de la Confederación, adscrita al PCP y a Patria Roja, renunció en los hechos a combatir contra los gobiernos capitalistas desde el 2011, tal como rechazó derribar a cada nuevo gobierno durante décadas. Ha impulsado y sostenido a Vizcarra en la línea de su apoyo a Kuczynski, Humala y Toledo: bajo su dictamen los trabajadores aceptaron otorgarles el voto, lo que ya había ocurrido con el candidato Fujimori hace treinta años. Esta dirección sostuvo al Apra hacia mediados de los 80s y hasta proyectó una candidatura conjunta Apra-Izquierda en los 90s. El servilismo de la cúpula sindical siempre ha llevado el sello de la traición.

Tanto peor cuando se considera la cuestión del Estado y su naturaleza de clase. No existe posibilidad alguna de acabar con la burguesía sin construir el poder de todos los trabajadores urbanos y rurales. Pero dada su cooptación por el régimen opresor, dicha cúpula lo boicotea por principio. Toda nuestra experiencia histórica vuelve imperativo organizar asambleas populares integradas a una Asamblea Popular Nacional como organismo superior. La costra burocrática, en cambio, ha suplantado este objetivo por un montaje autoproclamatorio donde ella misma y sus congéneres de la pequeña burguesía se dan a denominar “Asamblea Nacional de los Pueblos”.

El PCP y Patria Roja, supérstites del reformismo estalinista socialdemocratizado, componen con movimientos pequeñoburgueses el partido Juntos por el Perú, creación capitalista neoliberal de Yehude Simon, notorio corrupto y criminal Premier aprista de la matanza de Bagua (2009). Mediante la carnaza de su inscripción legal, Simon recogió el seudo-comunismo poco antes nacionalista y también Nuevo Perú de Verónika Mendoza, otro gajo liberal ducho en el auxilio a Humala, PPK y Vizcarra. Perú Libre porta en su espalda dos gobiernos regionales neoliberales, mercenarización hacia el opulento Belmont, machismo, xenofobia, homofobia. Eximios Gobernadores condenados por corrupción como Gregorio Santos o Vladimir Cerrón reflejan la descomposición política y moral de una izquierda claramente inadmisible al pretender este calificativo. El Frente Amplio de Marco Arana comparte con Cerrón y Mendoza igual programa liberal y origen pequeñoburgués. Su democratismo no le impide defender la seudo-democracia y el Estado que controla la Confiep.

Liberalismo anti-marxista, demagogia y electoralismo, cristalización de un reaccionario humalismo reciclado. La falacia de la “nueva República” producto de una “nueva Constitución” capitalista le brinda su coartada circunstancial. 

Dentro de cinco meses, dos docenas de candidaturas hostiles convertirán las elecciones en mayor trampa, si cabe, peor estafa que nunca. En la obligatoriedad de definir qué argollas de la clase dominante emiten normas, decretos o leyes antipopulares, el voto nulo –clasista y receloso del mecanismo electoral vigente- ha demostrado su eficacia principista, confrontando una legislación que impide al pueblo trabajador elegir a sus genuinos representantes. Para el movimiento de masas, ganar el derecho efectivo de sus organizaciones a la inscripción, es una necesidad evidente.

Aniversario de la Revolución Socialista Soviética: continuar la brega por un partido revolucionario del proletariado capaz de dirigir la demolición del Estado Capitalista, levantando un verdadero Estado de los Trabajadores. Asamblea Popular Nacional para constituir un poder revolucionario. Fuera Vizcarra. Fuera el Congreso. Fuera el Poder Judicial. Por un Gobierno Obrero, Campesino y Popular.

(De "Contra el Estado Capitalista en el Perú" - Lima, diciembre 2020)

Otro proyecto de genocida

Sagasti, el responsable de tres asesinatos policiales de jóvenes obreros agroindustriales, no movió un dedo durante dos meses para prevenir la llamada “segunda ola” infecciosa presentida ya en noviembre y producida a finales de año. Ahora dicta una cuarentena desde el 1 de febrero en medio del nuevo desastre: otra vez cerca de 800 muertos diarios (cálculo a partir de las cifras del Sinadef) y los hospitales colapsados. Si Vizcarra tasó en nimios S/. 760 el derecho a recibir algo de la riqueza producida para paliar treinta días de confinamiento forzoso, Sagasti lo ha convertido en ridículos S/. 600, siempre para la población en peores condiciones únicamente, relegando al resto del pueblo trabajador. Esta ruindad pretende ocultar la gran urgencia de un bono trabajador universal de S/2300, que establezca esa cifra como el estimado más cabal de un sueldo mínimo en el país. Solo dos meses le ha tomado a Sagasti ocasionar los tres muertos que a Vizcarra le tomaron más de dos años y ya lo ha superado en la bajeza de sus bonos. A este paso Sagasti puede convertirse en un genocida mayor que Vizcarra y sus 100.000 víctimas.