El actual binomio fujimorista Gobierno/Congreso es una dictadura producto del golpe de estado ejecutado a mediados de diciembre del 2022, cuando Boluarte, su Consejo de Ministros y las cúpulas de las FFAA y PNP decidieron desatar una masacre que se prolongó durante cuatro meses en medio de un histórico levantamiento de los pueblos del Sur y de otras provincias del Centro y del Norte. La pugna interburguesa por el control de la Fiscalía de la Nación, entre su stablishment funcional a la dictadura y otro más estrechamente vinculado a ella, solo representa un episodio al interior del régimen, no un nuevo "golpe de estado". Ningún sector institucional del Ministerio Público de un estado capitalista puede en ningún caso considerarse "del pueblo", como sugiere algún sector de transportistas. Si un sector de clase media transportista se opone firmemente a las peores políticas del régimen mafioso siempre es bienvenido por las organizaciones populares a la unidad de acción, pero si el objetivo se resume en la típica "vacancia" esgrimida por la burocracia sindical y los aparatos seudo-izquierdistas electoreros, la movilización está subordinada a los intereses de la reaccionaria oposición parlamentaria y no al derribo del régimen por un nuevo levantamiento obrero y popular que pueda conquistar su propio gobierno de los explotados.
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